Por Juan Pablo Ojeda
A un año del incidente que resultó en el fallecimiento de dos fotoperiodistas durante la cobertura del festival Axe Ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que solicitará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un informe detallado sobre el estado actual de las investigaciones. El anuncio busca dar transparencia a un proceso penal que permanece bajo jurisdicción local.
La mandataria subrayó que la responsabilidad del esclarecimiento de los hechos recae directamente en la fiscalía capitalina. “Vamos a preguntarle a la fiscal cómo va ese proceso”, declaró durante su intervención, asegurando que el seguimiento institucional es una prioridad para garantizar que no existan omisiones en la vía judicial por el deceso de los profesionales de la comunicación.
En el ámbito administrativo, el Gobierno Federal ejecutó la revocación de la concesión a los operadores privados que gestionaban el recinto al momento del siniestro. Esta medida extingue los derechos de explotación previa y devuelve el control total de la infraestructura al Estado mexicano, marcando un precedente en la gestión de espacios masivos.
Actualmente, el inmueble ha sido transferido a la Secretaría de Cultura. Los reportes oficiales indican que la dependencia ha implementado un nuevo modelo de gestión administrativa. Este esquema busca profesionalizar la operación del lugar para mitigar riesgos logísticos y garantizar la seguridad de los asistentes y trabajadores de prensa.
El nuevo modelo de administración se basa en el funcionamiento del Auditorio Nacional, un sistema que ha demostrado eficacia en la gestión de flujos masivos y seguridad estructural. Según la administración federal, este esquema de cogestión o administración centralizada permitirá una fiscalización más rigurosa de los eventos realizados en el sitio.
La Secretaría de Cultura ha confirmado que el espacio reactivará su agenda de actividades en el corto plazo. El plan de reactivación contempla el inicio de nuevos festivales y eventos culturales bajo la supervisión directa de la autoridad federal, con el objetivo de rehabilitar el recinto como un nodo de entretenimiento seguro.
Finalmente, el gobierno reiteró que la recuperación del espacio no detiene el curso de la justicia penal. El cruce de información entre la Secretaría de Cultura y la FGJCDMX será fundamental para determinar si las fallas administrativas que llevaron a la revocación de la concesión tienen una correlación directa con las responsabilidades penales de los antiguos operadores.
